Impunidad por crímenes de periodistas es del 95 por ciento

Heriberto de la Calle del Archivo EL TIEMPO
Heriberto de la Calle del Archivo EL TIEMPO

Solo 5 autores intelectuales condenados en 146 homicidios

Hace 74 años, el teniente Jesús Cortés Poveda desenfundó su arma contra el entonces director del periódico La Voz de Caldas, quien denunció el maltrato infligido a un soldado en el cuartel de Ayacucho. El militar fue absuelto 10 años después, el 9 de abril de 1948, en el último juicio donde actuó Jorge Eliécer Gaitán como abogado defensor.
Este caso se constituyó en el primero reportado de un periodista muerto por razones de oficio, y el primero también en quedar en la impunidad. Sin embargo, y como afirma Jorge Cardona, subdirector de El Espectador, hubo asesinatos a periodistas incluso en la Guerra de los Mil Días.
Luis Eduardo Gómez fue el último periodista colombiano asesinado del que se tiene conocimiento. Los sicarios lo mataron cuando llegaba a su casa el primero de julio de 2011 en Arboletes (Antioquia). Era un hombre de 70 años que trabajaba en los diarios El Heraldo de Urabá y Urabá al día. El caso se encuentra en etapa de indagación y el temor es que se quede allí sin resolución alguna, como la mayoría de estos asesinatos.

“La impunidad es uno de los peores entre los problemas de la libertad de expresión en Colombia”, afirma Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno. Él es un periodista que no sólo ha tenido que salir del país por razones de oficio, también es un defensor reconocido de la libertad de expresión. Según él, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o el Comité de Periodistas de Nueva York ubicaban a Colombia, a fines del siglo XX, en los tres primeros lugares en cuanto a periodistas asesinados. Así, el país pasa del primero al segundo o tercer lugar dependiendo de las situaciones coyunturales de otras naciones. “Por ejemplo –asegura– el primer lugar se lo quitó en su momento Argelia, cuando sucedió una crisis donde los árabes estaban matando periodistas francófonos, pero, el conflicto duró dos años. Era obvio que ningún país iba a superar a Ruanda en el 94 cuando murió un millón de personas con un porcentaje proporcional de periodistas. Se puede decir que, en cambio, las cifras de Colombia son constantes; he ahí la diferencia”.
Hoy, aunque se sigue bajando en ese lamentable escalafón, el país está entre los cinco más violentos para el ejercicio del periodismo. Hasta finales del siglo pasado, siete era el promedio de periodistas asesinados por año. Lo más grave es que en los últimos 35 años, solo en 19 casos de los 146 periodistas asesinados hubo sentencia condenatoria, y apenas en cinco se pudieron establecer los autores intelectuales.
Para Jorge Roa, integrante de la Unidad de Lucha contra la Impunidad de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), “un caso debería considerarse resuelto hasta que estén claros los autores materiales e intelectuales y estén esclarecidos los móviles del hecho y no que se resuelva a medias, como ocurre”.
Hay 49 casos de periodistas asesinados en los que la Fiscalía desconoce en dónde están los procesos y la etapa de la investigación en que se encuentran. Estos hechos no han sido ubicados porque muchas veces ocurrieron antes de que la tecnología entrara a organizar los archivos y los papeles físicos han recorrido un largo camino hacia la impunidad. Es lo que ocurre con las muertes del cordobés Gabriel Cruz, ocurrida en 1995, o del comunicador comunitario de San Pablo, Bolívar, Eduardo Estrada, en el 2001. Nadie sabe en qué ciudad están esos procesos; tampoco, si los tiene un fiscal o un juez, si se archivaron o si se encontró a los responsables. Aunque existe una unidad especial de Derechos Humanos de la Fiscalía que se encarga de estos casos, al año y medio se están archivando por falta de pruebas, de información y de testigos.

Los horribles años 80

Con todo, la época más feroz de amenaza y persecución a periodistas fueron los años 80. A partir de 1979, los narcotraficantes y unos años después, los paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado y políticos corruptos iniciaron una terrible secuencia de ataques contra comunicadores. Vino una época también en la que, como dice Cardona, en su reciente libro publicado por la Flip, Entre el silencio y el coraje, “el país vio nacer al paramilitarismo organizado y cómo los carteles de la droga se convertían en los amos y protagonistas de la política, el futbol y la justicia.” Desplomado en los brazos de un colega cayó abatido el 13 de marzo de 1979, el periodista y abogado César Augusto López, quien llevaba 27 años ejerciendo el periodismo. Había trabajado para El Espectador y fue el cofundador del diario La Tarde, de Pereira. Nunca se supo por qué lo mataron, pero se sospechó que el narcotráfico, que se estaba consolidando, tenía la responsabilidad.
Bastaron tres meses para que cayera abatido en Sincelejo, Carlos Ernesto Castillo, periodista y corresponsal de la revista Antena, quién también se formó en el Diario del Caribe, en El Tiempo y en El Espectador. César y Carlos fueron de los primeros periodistas que murieron dentro de la oleada de asesinatos de los ochenta que continúo en los 90 y principios del 2000. En 2002, se batió récord con once periodistas y un técnico de radio comunitaria asesinados en Colombia y sitúo al país como el segundo lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, según el Comité de Periodistas de Nueva York.
Para 1983, tres periodistas habían muerto entre agosto y septiembre. Cuando llegó noviembre, como cuenta Cardona, ya era una amenaza colectiva. Aunque se prometió que los casos no quedarían en la impunidad, la justicia hizo poco o nada para sancionar a los responsables.
En 1985, año que se recuerda por la toma al Palacio de Justicia, se hizo evidente los homicidios progresivos sin discriminación contra comunicadores. Fue un momento en el cual los carteles sumaban muertos de distinta índole, entre magistrados, jueces, políticos y periodistas. El paramilitarismo arremetía contra la Unión Patriótica y todo lo que se sospechara de izquierda. “El número de violaciones contra los derechos humanos empezó a ser alarmante dentro de un entorno envuelto en sesgos políticos, represión oficial y el continuo desprecio por la vida de parte de los grupos ilegales”, dice Cardona.
Todos estos crímenes tuvieron que ver con denuncias contra la mafia. José Libardo Gil, reportero guajiro, hizo una investigación sobre la bonanza marimbera dentro de la primera guerra contra el narcotráfico y esto le costó la vida. También, los problemas dentro de las instituciones oficiales motivaron la muerte de Mario Pineda, asesinado en Sevilla, Valle, quien cuestionó en su semanario al capitán Ocaña y a cuatro agentes de Policía por supuesto peculado.

Casos prescritos

Antes del 2010 la ley estipulaba 20 años para la investigación por cada caso de asesinato contra algún periodista. Hoy día, gracias a la ley 1426 del 2010, son 30 años. Es una medida para combatir la impunidad que, sin embargo, deja muchos clavos sueltos. La ley no es retroactiva lo que quiere decir que los homicidios que ocurrieron antes del 2010 (fecha en que fue aprobada), prescriben o se cierran a los 20 años.
Casos como el Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, asesinados en abril de 1991, prescribieron hace un año, en 2011. Ya han prescrito 59 casos por traspasar el límite de los 20 años, dentro de los 146 homicidios registrados. “La justicia en casos de periodistas ha sido muy demorada. El hecho de que tengan más años para investigar no garantiza una justicia pronta”, explica Pedro Vaca, abogado de la Flip, La relatoría para la libertad de expresión, que es la oficina de la OEA encargada de promover la conciencia por el respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, publicó que el asesinato a periodistas es el más radical mecanismo para censurar en un país donde se prohíbe la censura como Colombia. “No sólo se afecta la dimensión individual del sujeto para expresarse, sino que se pone un límite, un punto final a que la sociedad también pueda estar conociendo asuntos que le afectan”, asegura Vaca.

Intervención externa

Cuando la justicia es ineficaz e incluso inexistente, los familiares depositan su esperanza en los organismos internacionales para lograr el objetivo de aclarar y condenar a los responsables. Es la última salida.
En el nivel interno la justicia tiene la responsabilidad de individualizar la culpa y sancionar a los responsables; en el nivel internacional lo único que se puede declarar es la responsabilidad del Estado por haber incumplido la obligación que tenía de proteger, o inclusive por haber sido agente activo en las muertes. Cuando interviene la OEA u otro mecanismo multilateral, los resultados sí son evidentes. Si un caso entra, por ejemplo, al sistema interamericano, se acelera y produce una presión externa contra el Estado. Casos que en once años no tenían presuntos implicados empiezan a volar cuando entran estas organizaciones al ruedo.

“Sólo cuando se declaran crímenes de guerra o de lesa humanidad que no han sido juzgados, se puede acudir a la Corte Penal Internacional para que se puedan establecer responsabilidades individuales”, aclara Pedro Vaca. Esta categoría solo la ha conseguido un caso, y es el del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Se espera que el de Jaime Garzón también se declare delito de lesa humanidad, lo cual significa que independientemente del tiempo, de la justicia interna y del proceso, tiene que ser resuelto.

 

escrito por Adriana Duarte para la Nueva Bagatela

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