POR UNA POLÍTICA ANCESTRAL Y NATIVA

Para la Constitución Política de 1991 fue un desafío integrar en su conjunto de normas la cosmovisión nativa de los pueblos indígenas, sin ahondar en el tema, sabemos que fue un desafío que aún no alcanza la mayor plenitud.

Para los años 80 Colombia se defendía a capa y espada de las críticas que a nivel mundial surgieron, al evidenciar que nuestro país en temas de inclusión y protección de las minorías se encontraba no solo corto sino también en muchos aspectos nulo.

Pese a todo intento congresista de expedir normas de inclusión y de protección indígena, la cosmovisión nativa sigue siendo un tema que se ha reducido a aspectos sociales y políticos, aún cuando la principal cosmovisión de los indígenas radica en las prácticas ancestrales de las tribus, y en la preservación que han tenido que implementar ellos mismos sobre los ecosistemas, y los recursos naturales para su supervivencia.

Francamente, para la creación de normas que han sido expedidas para “regular” temas que hacen referencia al uso y manejo de ciertos ecosistemas, como Las Leyes en temas de aprovechamiento Forestal, (que en resumidas cuentas lo que se termina regulando es la reforestación con fines comerciales), no se ha tenido en cuenta la cosmovisión indígena sobre el patrimonio natural, es más, ni se guardan “una hectárea de concordancia”, habría que ver y comparar el número de hectáreas que se reserva para lo estipulado dentro de dichas Leyes, con el número de hectáreas de tierra que son aprovechadas por las Tribus Indígenas.

Claramente, esta clase de normas no guardan concordancia con todas las otras leyes de protección indígena e instrumentos internacionales de amparo ambiental; peor aún, es que para la expedición de esta clase de normas, no se tiene en cuenta la opinión de las tribus, tampoco la propiedad colectiva de los territorios y mucho menos, los Derechos Administrativos del uso y manejo del patrimonio natural.

Adicionalmente, las prácticas ancestrales ejercidas por nuestras tribus indígenas, se han visto amenazadas bajo la excusa de que somos un país en su gran mayoría mestizo, habría que ver lo que logró el Presidente Evo Morales en Bolivia, quien dio a sus orígenes cocaleros un fundamento normativo de alto impacto internacional, elevando las prácticas ancestrales de su país a normas de reconocimiento mundial, como por ejemplo, la Resolución 106, adoptada en el marco de la Reunión de G 77 + China celebrada a mediados de 2014:

En ese contexto, los jefes de Estado y de Gobierno reconocen el masticado (akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja de coca realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional de reconocido prestigio en la materia.

Por ejemplo, ¿Qué pasa en Colombia con el cultivo de hoja de Coca?, Todo lo referente a normas que tratan este tema se encuentra en concordancia con La Convención contra el tráfico de estupefacientes de 1961, es decir, ha sido una lucha radical que no ha tenido en cuenta la práctica ancestral de nuestros indígenas.

 

Hasta el año pasado, el gobierno tomó la decisión de suspender la fumigación con glifosato, como una forma de erradicación forzosa de dicho cultivo ilícito. ¿Cómo puede saber el gobierno colombiano que cultivo es ilícito y cuál no? Sí la regulación normativa existente frente al tema de práctica ancestral, ha resultado lo suficientemente ambigua y general, como para decir que este tipo de prácticas nativas se encuentran formalizadas y reguladas hacia un enfoque de sostenibilidad alternativa de las tribus indígenas.

Hay un error histórico y normativo con respecto a esta práctica ancestral, y es peor cuando los cultivos de esta planta se encuentran en zonas en donde los niveles de pobreza y de desplazamiento, son lo suficientemente altos como para qué cualquier cultivo termine siendo ilícito.

Todo lo anterior confirma, que al menos en zonas como el Cauca, donde existe la mayor proliferación de estos cultivos, no existe cercanía alguna con el Convenio 169 de la OIT, el cual establece una especial protección a la identidad cultural de los pueblos indígenas, a través de la educación y de la formación que pueda impartirse respecto de la identidad, el patrimonio cultural y de la práctica de tradiciones que resultan beneficiosas para la tribu.

En países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México, se ha implementado una serie de capacitaciones educativas y de sensibilización, sobre la protección de los conocimientos indígenas sobre el guaymaro, una semilla tradicional de las tribus mesoamericanas que hoy por hoy se encuentra en vía de extinción, y la cual ha servido de alimentación y de sustento para civilizaciones que han necesitado de la vida silvestre para sobrevivir.

De nada sirve que la carta política de esta nación diga proteger la cosmovisión indígena del patrimonio natural, si las demás normas que se expiden no trabajan en función de este principio general, como tampoco sirve desconocer prácticas ancestrales porque el Gobierno no ahonda ni educa alrededor de este tema, aun cuando las investigaciones antropológicas arrojan beneficios alternativos de aprovechamiento en temas de salud y de medio ambiente, y todo porque se pone de por medio el inoficioso argumento de que la mayoría de la población es mestiza.

Todo este tema referente a preservación ambiental y ancestral, debería estar en manos de los que conocen de primera mano el tema, nosotros los occidentales, no podemos ver más allá de la connotación física que tiene un territorio, pero es la especial relación que existe entre el territorio y la espiritualidad lo que hace que un indígena entienda mejor el concepto de Madre Tierra; es por eso que no se puede comprender cómo todos estos conceptos ancestrales no se dialogan en pactos y convenios sobre el cambio climático, o que dentro de las organizaciones enviadas para la implementación de políticas ambientales no se encuentre una participación indígena justa.

Lo anterior lo recalco precisamente porque el Fenómeno climático que vive hoy el mundo, ha sido el resultado de todos los compromisos, las tareas y deudas ambientales que los países han dejado sin resolver a lo largo de muchos años. Además de ponerle al desarrollo sostenible del Medio ambiente taras económicas que complican más los debates en los pactos internacionales; todo esto hace pensar que realmente de lo que se requiere es de una consciencia suprema, para poner a trabajar las herramientas políticas en función de la Madre Tierra.

 

Ingrid Martínez - La nueva Bagatela

Escrito por Ingrid Martínez

Este texto fue tomado de Medium con permiso de la autora
para ser publicado por los editores de la Nueva Bagatela

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